DESARROLLO SOSTENIBLE EN GUATEMALA

¿Desarrollo sostenible?

Samuel Pérez Attias

En Guatemala, los indicadores basados en promedios no dicen mucho: el ingreso promedio por persona es de US$6 mil al año, pero seis de cada 10 vive con ingresos debajo de US$730 y si son indígenas el número sube a siete de cada 10. El 30% de la población más pobre recibe un 5% de los ingresos generados en el país, mientras que el exclusivo 3% de la población más rica acapara el 22% de los ingresos totales. La escolaridad promedio es de 5.4 años primaria, pero es de 2.3 años primaria cuando son mujeres indígenas. Uno de cada dos niños padece desnutrición, pero es ocho de cada 10 si son indígenas. Los promedios, además de ser engañosos, pueden incluso ser peligrosos cuando se usan como indicadores de desarrollo. Esto es porque en un país con tan altos niveles de desigualdad e inequidad, los promedios atentan incluso con los objetivos a alcanzar. Por ejemplo, se dice que la pobreza se ha reducido, pero no se toma en cuenta que esa reducción no es tal cuando se habla de grupos vulnerables y excluidos, como las mujeres indígenas de áreas rurales.

Así las cosas, no llegaremos muy lejos en materia de desarrollo si seguimos con el paradigma de la Inversión Extranjera Directa basada en incentivos fiscales (exención de impuestos), bajos costos laborales (salarios diferenciados) y laxas regulaciones ambientales como catalizadora del crecimiento económico bajo un modelo etnocéntrico, excluyente y depredador de biodiversidad. La Cepal muestra los bajos ingresos fiscales (siete centavos de cada dólar producido en el país va a inversión social, (de ellos, dos centavos van para salud y tres para educación), y el Informe de Desarrollo Humano de país evidencia el todavía bajo capital humano y los obstáculos para pequeños y medianos empresarios para competir con los grandes inversores locales y extranjeros. Agreguemos a eso la captura del Estado por la corrupción como evidencia Cicig y el Icefi, y una débil institucionalidad (incluyendo la no claridad de la ciudadanía sobre el rol del Estado en la economía), tenemos entonces un modelo de desarrollo que debe ser no solo críticamente revisado, sino estructuralmente modificado, pues no es sostenible en el tiempo. La Democracia debe derribar los muros de la desigualdad, que los mercados concentrados construyen, mantienen, reproducen y solidifican endógenamente en el tiempo.

¿Cómo hacerlo? Primero que nada, asumiendo al Estado y de la Democracia como promotores de la equidad para que provea de respuestas más satisfactorias a esas tres preguntas: ¿Cómo crecemos, para quién crecemos y por cuánto tiempo esperamos seguir creciendo económicamente? Para ello se necesitan introducir en las cuentas nacionales los costos netos socioambientales, por ejemplo. Exportar palma africana o minerales a costa de la destrucción de ecosistemas o el desplazamiento de comunidades termina dañando el desarrollo integral. Atraer inversión extranjera para seguir reproduciendo un modelo que demanda mano de obra no educada, barata y “desechable” para producir productos igualmente desechables no es valioso para el bienestar integral. La bomba de tiempo produce, al reventar, inestabilidad política, inseguridad social, desbalance ambiental y vulnerabilidad económica.

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.